Apertura del seminario “Deontología y transparencia al servicio del interés general” (27 de junio de 2019) [fr]

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Discurso de Sra. Embajadora, Anne Grillo
Seminario “Deontología y transparencia al servicio del interés general”

Secretaría de la Función Pública, Ciudad de México
27 de junio de 2019

* Únicamente el discurso pronunciado tiene valor oficial

Sra. Secretaria de la Función Pública,
Sr. Vicepresidente del Consejo de Estado,
Señoras y Señores:

Me es muy grato participar en la apertura de este seminario franco-mexicano en materia de gobernanza que, en esta su primera edición, abordará la deontología y la transparencia al servicio del interés general.

Francia y México cooperan, desde hace varios años, en materia administrativa y de gobernanza: movilidad y prácticas profesionales en la ENA, nuestra escuela de administración, y también en la ENM, nuestra escuela de la magistratura. Además sostenemos intercambios, con regularidad, sobre los temas de transparencia y carrera pública. Trabajamos con el INACIPE, la escuela federal de los fiscales, o incluso con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Pero con este seminario, inédito, construido de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública y México Evalúa, Francia desea ir, por supuesto, más lejos.

Pensamos en efecto que la voluntad de cambio, que se expresa hoy en México es encomiable, y que debe venir acompañada de transformaciones concretas, con la ayuda de la sociedad civil y de todas las buenas voluntades.

Para ser fuerte, confiable, eficaz, adaptarse a la evolución y a las nuevas exigencias de la sociedad, el Estado, independientemente del país, necesita una administración de calidad y suficientemente formada. Y no es que una burocracia excesiva sea la solución, sino porque debemos reconocer que los funcionarios ─aquellos que precisamente hacen que funcione diariamente el Estado y que participan de la autoridad de éste─ son un pilar esencial en la máquina encargada de tomar decisiones.

En Francia, tenemos tres tipos de función pública, todos ellas de carrera:

  • la función pública de Estado, administración que trabaja en la ejecución de la política del Gobierno;
  • pero también la función pública territorial, que depende de los gobiernos locales: regiones y metrópolis por ejemplo;
  • y por último, la función pública hospitalaria, la cual reúne al conjunto de los funcionarios que trabajan en el servicio de la salud pública: administrativos, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos.

Pero cada una de estas funciones públicas está regulada por normas y principios comunes. El primero de ellos, es la búsqueda constante del interés general. Se trata a la vez de una noción clave de derecho público francés y un principio sólido, elemental, que debe guiar al conjunto de las instituciones, fuerzas y actores públicos. La acción administrativa encuentra su justificación y su finalidad en la búsqueda del interés general y se ejerce en cumplimiento de éste y bajo el control de la justicia.

En la concepción francesa, el interés general no es el resultado de la suma de intereses particulares. Esta concepción, expresada por Rousseau en El contrato social y más tarde en una gran parte de la historia jurídica francesa, es la de la “voluntad general”.

La fiabilidad de la función pública es un tema que se nos atañe a todos, y para garantizarla, la deontología ─conjunto de normas y deberes que rigen una profesión, la conducta de aquellos que la ejercen, y las relaciones entre éstos y el público─ es una herramienta sólida.

La probidad del funcionario está en la parte medular de la ética deontológica. Su vulnerabilidad, su fragilidad, propiciada por la falta de transparencia y los conflictos de interés, es ─todos lo sabemos─ contraria al interés general. Y estos males sirven como ventajas particulares para aquellos que saben, pueden y quieren aprovecharse de ello.

El incumplimiento de estas normas deontológicas limita, por otra parte, la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Adaptar, modernizar y formar, a la función pública, es por ello un reto democrático y un desafío que debe movilizarnos a todos, en México como en Francia, y por cierto en todas partes del mundo.

En Francia, todos estos temas son de actualidad: moralización de la vida pública, integridad y deber de ejemplaridad de los funcionarios públicos, lucha contra los conflictos de interés y el paso no regulado del sector público al sector privado (vaivén público-privado), lucha contra la corrupción (detección y sanción) o incluso creación de la figura del “activador de alerta”…

Nuestro país no es perfecto: como en mucho otros, casos de corrupción y casos emblemáticos han surgido estos últimos años. No porque sean más numerosos que en el pasado, sino porque ya no permanecen en secreto, a espaldas de los ciudadanos. La sociedad es cada vez más exigente con sus representantes. Los medios de comunicación ya no dudan dar a conocer las anomalías.

Pero el Estado no se ha quedado con los brazos cruzados y ha intentado, a través de distintas reformas ─aplicadas en la actualidad─ aportar una respuesta a estos malos funcionamientos, combatir estas plagas. El Estado se juega en ello su credibilidad, hace su acción pública más eficaz y más transparente. El arsenal jurídico previsto debe desembocar en una sanción.

Sé que México también ha hecho que, recientemente, evolucione su marco jurídico. Y este movimiento sigue.

Por lo que se refiere a Francia, cabe destacar que las recientes leyes relativas a la transparencia de la vida pública y a la deontología (aprobadas respectivamente en 2013 y 2016), permiten completar una base valiosa: la de los derechos y obligaciones de los funcionarios (los funcionarios tienen obligaciones, en contrapartida a las cuales gozan de ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, obligación de reserva, obligación de obediencia jerárquica; derecho a la formación, formación permanente, derecho sindical, derecho a la protección.).

Todo eso les va a ser explicado con más detalle, al igual que la creación de nuevas autoridades deontológicas o instituciones independientes a los poderes y a los medios renovados. Me refiero a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (2013), a la Agencia Francesa Anticorrupción (2016), a la Procuraduría Nacional Financiera (2013), o a la creación de “referentes de ética” en ministerios, gobiernos locales en los territorios y establecimientos públicos.

Pero estos avances no son suficientes, y Francia sigue reformando su administración para hacerla cada vez más cercana a los ciudadanos. Este es también uno de los objetivos del proyecto de reforma de la función pública enarbolado por el Presidente Macron y que ─estoy segura de ello─ será objeto de intercambios y debate aquí mismo.

La deontología requiere una formación sólida y continua de los funcionarios, al igual que una contratación y una progresión basada en el mérito (concursos, exámenes internos). El Estado necesita, en efecto ─para dar confianza a sus ciudadanos─ una función pública fiable cuya profesionalización y probidad pueden ser la garantía de una administración equitativa para todos, ofrecida por el Estado.

Los intercambios durante este seminario nos permitirán ─así lo espero─ identificar nuevas posibilidades de cooperaciones conjuntas: ya sea en la formación de funcionarios públicos, ya sea en la gestión de sus carreras, o quizás en las herramientas propuestas para prevenir y sancionar. Extiendo una cordial invitación, por otra parte, a la sociedad civil presente, ONG, think tanks, universitarios, representantes de la ONU, a participar en estas cooperaciones.

Nuestros dos países pueden ─así lo creo─ enriquecerse mutuamente con sus recientes avances y con lecciones aprendidas en los retos superados. Este es también el objetivo de estos debates, cuya vocación consiste en concebir nuevas ideas en este ámbito.

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Dernière modification : 28/06/2019

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